Silvina Monteros Obelar[1]

ESCODE

 El presente escrito nace como respuesta a un artículo realizado por Beatriz Gimeno en relación a lo que ella llama “vientres de alquiler”[2]. No intenta ser una crítica a dicho artículo, sino más bien una continuación, un diálogo, reconociendo ampliamente el trabajo de Gimeno, sus conocimientos y su capacidad de análisis y valorando su trayectoria como filósofa feminista. En esta línea, considero que las opiniones de Gimeno en relación a lo que prefiero llamar “maternidad subrogada”, son coincidentes en gran parte con nuestras propias opiniones (la mía propia y la del equipo del que formo parte), todas ellas fundamentadas en un trabajo investigador y teórico profundo, de muchos años. Por tanto, en líneas generales, estamos de acuerdo con gran parte de las precauciones que Gimeno pone de manifiesto en relación al tema. Sin embargo, nosotras queremos complejizarlo un poco más, ampliando el enfoque desde nuevas miradas, con el fin de dejar una puerta abierta a la maternidad/paternidad mediante la gestación subrogada.

 De forma concreta queremos plantear los siguientes puntos siempre abiertos a nuevas reflexiones y debates:

 No todo lo que se prohíbe es malo

 Como bien expresa Gimeno, la maternidad subrogada está prohibida en la mayor parte de los países del mundo, como es el caso de España, y es además un delito en varios de ellos. Desde nuestro punto de vista, la circunstancia de que un hecho sea considerado delito o esté prohibido en un país no supone necesariamente que sea contrario a la justicia o a los derechos humanos, sino simplemente que está prohibido según un orden nacional basado en una idiosincrasia particular (en muchos casos tradicional, moral o religiosa). Así, hechos como el aborto, la eutanasia o la homosexualidad son prohibidos en la mayoría de los países del mundo y no por ello quienes nos consideramos feministas y pro derechos humanos diríamos que deben ser descartados como posibilidad. Por el contrario, estamos a favor de que se aprueben dichas prácticas como derechos reconocidos. La lucha que mantenemos las feministas desde hace décadas en relación a la aprobación del aborto como derecho parece no tener fin incluso en España, donde hoy en día nuevamente se quiere criminalizar a quienes lo practican y la responsabilidad recae, como siempre, en las mujeres.

 Por tanto, la circunstancia de que un acto o práctica esté prohibida en otros ordenamientos jurídicos, no nos parece motivo para excluirla como posibilidad en España si un colectivo social, cada día más numeroso, la demanda.

 Denunciando el neocolonialismo pero no victimizando a las mujeres pobres

 En efecto, siempre que existe un hecho o un acto prohibido su práctica se invisibiliza y es susceptible de entrar en un mercado sumergido que intenta sacar el mayor provecho económico de las partes en juego. Así, el aborto se vuelve un negocio de clínicas ilegales, la prostitución el negocio de mafias, la inmigración el negocio de traficantes, etc. Sucede lo mismo, como apunta Gimeno, con la maternidad subrogada. Es un hecho en la actualidad que el negocio internacional de los vientres de alquiler, sobre todo cuando los intercambios de dinero por embarazos se efectúan entre parejas de países europeos y mujeres de países pobres. Es fácil ver en esta situación una relación de explotación con tintes de clasismo y sexismo. A simple vista, lo que aparece es una nueva forma explotación de los cuerpos de las mujeres a nivel internacional, al igual que sucede con la trata o el tráfico de mujeres con fines de prostitución. Visto así, a quienes nos hacemos llamar feministas no nos queda otra salida que declararnos en contra.

 Sin embargo, las relaciones de explotación de la mujer no son tan sencillas de explicar. Este debate ya lo hemos tenido en relación a la prostitución y la trata, y quienes nos consideramos feministas de la tercera ola, hemos intentado dar un paso adelante, escuchar las voces de la propias implicadas, las mujeres en prostitución, hacer autocrítica por haber pensado sólo desde nuestro lugar de mujeres blancas y burguesas y considerar nuevas formas de liberación de la mujer precisamente a través de su decisión de cobrar dinero por hacer un servicio en el que pone en función su cuerpo y su facultad sexual. “Nunca me he sentido tan valorada como desde que trabajo en esto” nos decía una informante hace unos años atrás, después de contarnos que antes de ejercer la prostitución hacía lo mismo, pero gratis y bajo las palizas de su ex marido. Nuestro ejercicio de autoreflexión en relación a este tema nos ha llevado también a pensar y mucho respecto a cómo colaborar para que las condiciones de estas mujeres, en el ejercicio de la prostitución, sean mejores. Y no es la victimización ideológica y política la herramienta que las empodere. Bien al contrario: es esta estrategia de control, disfrazada de paternalismo la que, en muchas ocasiones, las vulnerabiliza y convierte en carne de cañón para la violencia institucional y social. En este camino hemos apoyado a los movimientos de trabajadoras del sexo que vienen reclamando hace años la legalización y/o desestigmatización de la prostitución en muchos países, y no sólo en los del Primer Mundo[3].

 Pero nuestra reflexión no se ha quedado allí. De la mano de autoras como Dolores Juliano, Judith Butler, Dona Haraway, Gail Pheterson y otras, hemos aprendido que el orden patriarcal es tan retorcido que incluso cuando la intención es luchar contra él a lo que recurrimos muy frecuentemente es a erigirnos en adalides de la vulneración de otras mujeres (pobres, negras, musulmanas, prostitutas) bajo la confianza de que “nosotras”, las mujeres blancas del primer mundo, estamos liberadas del machismo y encarnamos el modelo idóneo extensible para el resto de la humanidad femenina. Como método para la liberación de las “otras” mujeres proponemos la protección legal y estatal, la intervención de las fuerzas de seguridad, el despliegue de sistemas de control y calificación de la violencia, etc. Sin embargo, muchas sabemos que la regulación de ciertas conductas de las mujeres (tales como la prostitución o el aborto) no es ni más ni menos que una forma reeditada de patriarcado, sólo que esta vez encubierto.

 ¿Qué nos enseña entonces este largo recorrido teórico y práctico hecho por el feminismo hasta la actualidad? Que los procesos y mecanismos mediante los cuales asignamos tan fácilmente el calificativo de víctimas a las mujeres, sometidas bajo el yugo de los varones, están incluidos en el orden patriarcal que se pretende combatir, y nos convierte en juez y parte del terrible sistema cultural que pretendemos revertir. Es decir, calificar a la mujer siempre como víctima lo único que consigue es perpetuarnos en un lugar donde parece que no tenemos agencia, que no somos sujetos activos, protagonistas. Si al calificativo de víctima le agregamos el de mujer pobre y del “tercer mundo”, que actúa en función de su “condición de vulnerabilidad”, desde nuestro punto de vista teórico debemos responder que al machismo imperante se han unido el clasismo y/o el neocolonialismo.

 Con esto no queremos decir que nos complazca que varones y mujeres europeas compren vientres del “tercer mundo” para traer a sus hijos e hijas, es decir, exploten los cuerpos pobres. Nada más lejos de nuestro pensamiento. Pero introducimos un matiz: no en todos los casos está clara la relación de desigualdad entre las partes (por ejemplo cuando se produce un acuerdo entre una pareja española y una mujer inglesa) y, lo que es más importante: en las relaciones de intercambio de dinero por valores vitales, el poder no siempre está del lado del “comprador”. Siguiendo a Foucault, diríamos que el poder funciona de modo reticular y no jerárquico, y que quienes ocupan lugares subalternos también muestran formas de resistencia y poder. ¿Por qué no podemos plantear que la gestación de los embriones de otras personas a cambio de dinero pueda ser una forma de resistencia al orden heterosexual, a la familia tradicional, al biologicismo imperante y a la maternidad obligada?

 ¿O es que el problema es la mercantilización de este acto?

 Todo necio confunde valor y precio decía Machado

 Beatriz Gimeno llama la atención sobre un hecho que a nosotras también nos preocupa, la mercantilización de un acto que no puede, en ningún caso, valorarse de forma comercial, tal como  es la gestación de un embrión primero, de un feto después y de una criatura finalmente. A nosotras también nos revuelve profundamente el alma y nos indigna el hecho de que el capitalismo haya llegado a tal punto que hoy en día nada se valore si no es a través de su precio en el mercado. Lo mismo habíamos dicho en relación a la prostitución (donde se comercializa el cuerpo y el sexo), los cuidados (desde se paga por tener una mujer migrante disponible 24 horas en el hogar cuidando de nuestra abuela y brindándole todo su cariño), el afecto (desde que tenemos que pagar a las agencias para tener amigos, pareja, familia, terapeutas, cuidadores, etc.). Lo cierto es que muchas veces el continuum cuidados-sexo-afecto es un privilegio para unos pocos con dinero.

 El mercado segrega, divide, produce explotación, es, por definición, injusto. Quienes detentan el capital y la propiedad tienen la sartén por el mango, como se suele decir; y quienes están desposeídos/as sólo tienen para vender su fuerza de trabajo o sus cuerpos. Y casualmente –o no-, en el continuum cuidados-sexo-afecto, son  las mujeres las más explotadas, pero también las que haciendo un acto de resistencia, han decidido traducir en clave mercantil dichos elementos. Ejércitos de trabajadoras del sexo, limpiadoras, cocineras, cuidadoras, enfermeras, monitoras de tiempo libre, teleoperadoras, costureras, esposas, amantes, niñeras y un largo etc., son llamadas a poner a disposición del capital no sólo sus cuerpos sino también sus conocimientos y su amor. Sin embargo, descartar de pleno la mercantilización del continuum cuidados-sexo-afecto puede llevarnos a cometer el grave error de decir que “todo tiempo pasado fue mejor” y esto, traspolado al marco en el cual nos movemos las feministas puede significar que preferimos la alternativa de que cuidar, tener sexo o atender las necesidades de amor de otra persona sigan siendo actos brindados de forma gratuita por parte de las mujeres, tal como se hacían tradicionalmente.

 La alternativa no es la mercantilización de esos actos, diréis, sino la gratuidad de todos los intercambios y el reparto equitativo de las funciones de otorgamiento de los mismos. Estamos plenamente de acuerdo. Pero este es el objetivo que tenemos a largo plazo, nuestra utopía, nuestro deseo de habitar otro mundo posible, que quizás nosotras ya no veamos. De momento, urge resolver la injusticia que recae sobre las situaciones de explotación de los cuerpos, del saber y de amor de las mujeres. Siguiendo a feministas como Pérez Orozco, Wijers, Kempala, Juliano o Maqueda, creemos que una forma de equilibrar la desigualdad que instituye el mercado entre el comprador de esos servicios y quien los ejerce es regulando una relación contractual basada en los derechos de las partes, pero poniendo especial énfasis en la protección de aquellos que corresponden a quien se considera la parte débil. Así, venimos desde hace años apoyando las luchas de las empleadas de hogar y cuidadoras que exigen regulaciones laborales equiparables al resto de trabajadores/as para acabar con la esclavitud en el sector. Eso sí, sin abandonar jamás la utopía de una sociedad donde la carga de trabajo reproductivo esté equitativamente repartida entre los miembros de una misma unidad convivencial, así como entre el Estado y el mercado; o aún más lejos, donde el trabajo productivo sea el sostén del reproductivo y no al revés, como sucede ahora. En este nuevo mundo, la maternidad subrogada sólo sería una forma más de contribuir a la reproducción social y a la ampliación de los cuidados. Pero mientras tanto, no debemos descartarla como posibilidad, incluso cuando está mercantilizada.

 No es oro todo lo que se regula

 Regulación, derechos que protegen a todas las partes y en particular a la más débil… sí, pero sin bajar la guardia frente al patriarcado. Los debates más interesantes en relación al intento de pensar la mercantilización de las tareas reproductivas (continuum cuidados-sexo-afecto y ahora también mercado de esperma/óvulos, gestación y parto), han tenido que ver con su regulación estatal. Quienes somos de izquierdas nos colocamos con más frecuencia de parte de discursos regulacionistas del mercado, entendiendo que el mercado libre, basado en la competitividad y la ley del más poderoso, instituye desigualdades, segregaciones, exclusiones y, sobre todo, mucho dolor. Hemos aprendido, de la mano de Marx, que las relaciones de intercambio mercantil enfrentan a quienes poseen el capital y los medios de producción con quienes, en ocasiones, lo único que tienen para negociar es su fuerza de trabajo (que en muchos casos deviene de su propio cuerpo). Vista de esta manera la negociación entre los elementos productivos, sólo nos queda abogar por una regulación estatal/legal que equilibre las relaciones contractuales protegiendo a los más débiles (leyes laborales, convenios colectivos, pero también regulación de contratos civiles, de compra-venta, de rentas, etc.).

 El afán regulacionista, derivado de la sociedad contractual, inunda -nos arriesgamos- la casi totalidad de las relaciones sociales: el matrimonio, la herencia, el testamento vital, los préstamos, la maternidad/paternidad, la adopción, la atención sanitaria, la relación educativa, el divorcio… Contrariamente a lo que suele pensarse, no es el salvajismo del mercado el que sienta las bases del orden social, sino el contractualismo reeditado en el neocapitalismo. Sólo hay que observar qué sucede cuando una relación social se rompe y una de las partes decide iniciar un procedimiento judicial para ser resarcida: una catarata de leyes, decretos, normas, sentencias, se despliega para sentar justicia.

 Ahora bien, las feministas sabemos que este afán contractualista no sólo no resuelve el desequilibrio instaurado por el neocapitalismo, sino que muchas veces lo refuerza. Y quien opine lo contrario, que se lo cuente a las empleadas de hogar o a las cuidadoras informales de personas con enfermedades crónicas y discapacitantes. O también, que se lo pregunte a los y las trabajadoras, obreras de toda la vida. La regulación estatal/legal puede suponer la institucionalización de la desigualdad, paralizando a la parte más débil frente a la confusión de leyes y normas en las que se parapetan quienes pueden permitirse pagar un buen abogado (es decir, las grandes corporaciones del capital). Por eso decimos que no debemos bajar la guardia (teórica y militante) en relación a las peticiones de protección de las mujeres y las normativas que las secundan.

 Pese a ello, estamos de acuerdo con algunos procesos de regulación, porque entendemos que es un primer paso para el reconocimiento de prácticas que se llevan a cabo normalmente en condiciones de invisibilidad que vulnerabilizan en gran medida a algunas de las partes implicadas. Pero quizás, lo más interesante de la protección legal es volver visible los actos, las conductas o los intercambios que suelen tener lugar en la oscuridad de los hogares o del mercado. La maternidad subrogada no es nueva, es una práctica antiquísima, lo que es nuevo es el debate en torno a su regulación como intercambio mercantil o civil en el marco del neocapitalismo. De ahí que tengamos nuestras reticencias, ya que no vemos salida posible mientras utilicemos el lenguaje mercantilista/contractualista de nuestro tiempo. Pero debemos hacer el intento en la medida en que es una de las formas de poder acceder a la maternidad/paternidad de muchas personas.

 El consentimiento marca la diferencia

 El último matiz que queremos hacer tiene que ver con un elemento que ha sido minimizado o incluso vaciado de sentido por una parte del feminismo y que, sin embargo, es de tal importancia en el ordenamiento jurídico que marca la diferencia entre lo que es un delito y lo que no lo es. Nos referimos al acto del consentimiento de las personas implicadas en un hecho o un contrato. El consentimiento es de tal calado que en los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, determina si ha habido una agresión sexual o no: si la persona consiente, no hay delito. Una rama del feminismo ha pretendido -y en algunos casos lo ha conseguido- que se declare viciado el consentimiento en delitos donde la víctima es una mujer. Por ejemplo, han logrado que el consentimiento de la mujer en los delitos relativos a la prostitución y el tráfico sea nulo, es decir, ya no importa que la mujer haya decidido o no dedicarse a la prostitución, ahora “siempre son obligadas por mafias o proxenetas”. Para las feministas que han conseguido este “importante paso legislativo”, las mujeres son continuamente vulnerabilizadas por su situación económica inferior a la de los varones y son fácilmente manejadas por estos, por tanto, sus decisiones están condicionadas y su palabra no debe ser tenida en cuenta en los procedimientos judiciales: siempre se trata de una víctima del hombre aunque ella no lo sepa.

 Este tipo de discursos, que subyace a la excesiva protección que se pretende para las mujeres (la ideología de la victimización ya referida), nos parece sumamente peligroso, tanto para la mujer como para el feminismo, porque resta importancia a la palabra, los deseos y las decisiones de las mujeres en asuntos relevantes. Obviamente, existen numerosos casos en los que las presiones del entorno, las amenazas, el miedo o las necesidades económicas llevan a las personas a aceptar prácticas coercitivas por parte de otras; es lo que nos sucede a las personas trabajadoras en la actualidad: por un trabajo aceptamos las condiciones laborales que nos propongan y hasta perdemos la dignidad, y con las reformas en la legislación laboral de los últimos cuatro años, como intentemos hacer el mínimo atisbo de defender nuestros derechos, nos pueden echar a la calle sin mayor contemplación. Y todavía más, pretenden que para demandar a nuestros empleadores por despido improcedente paguemos de nuestro bolsillo la justicia. ¿Dónde ha quedado nuestra voz en toda esta cadena de vulneraciones? Este es el mundo que no queremos las que nos llamamos feministas y de izquierdas.

 El hecho de que se nos precarice, se nos empobrezca, nos quiten la dignidad, la libertad y la capacidad de acción no significa que no se deba tener en cuenta nuestra voz en cualquier medio. Ser escuchadas y la autodefinición son dos de las demandas primigenias del movimiento político feminista, así como la exigencia de situar el conocimiento y la experiencia en su enorme diversidad (Haraway, 2007). Mujeres de la India, de algunos estados de EEUU, de Canadá, de Reino Unido o de Ucrania, que deciden poner en circulación sus vientres para gestar, tendrán diferentes motivaciones e intereses para hacerlo, heterogéneas y diversas en la medida en que no se trata de un prototipo de mujer. Desde nuestro punto de vista, su consentimiento en este proceso debe ser escuchado y tenido en cuenta. Otra cuestión es que las leyes se pongan a disposición para asegurar el valor de su palabra y las condiciones necesarias para que, desde el momento en que deciden participar en una cuestión de tal calado, lo hagan con todas las garantías de seguridad y protección de su salud, su dignidad y su integridad.

 Salvando los matices, ¿qué virtudes puede tener la maternidad subrogada?

 Teniendo en cuenta que vivimos bajo la estructura del neocapitalismo, que los cuidados, el sexo o el afecto han sido puestos en circulación en el mercado, que las regulaciones estatales/legales no siempre protegen a la parte más débil de la sociedad, sino que en muchas ocasiones institucionalizan la desigualdad, expresamos que es posible pensar en la maternidad subrogada como una forma más de cumplir el deseo de algunas personas. El cómo de la maternidad subrogada debe ser pensado y debatido abiertamente sin tabúes.

 A favor de la misma proponemos los siguientes argumentos:

• Existe una creciente demanda de la maternidad subrogada. Esta demanda deriva de causas diversas: problemas crecientes de infertilidad en parejas heterosexuales a nivel mundial, enormes obstáculos para la adopción nacional e internacional, nuevas formas de familia en países donde se reconocen derechos a personas TLGB (transexuales, lesbianas, gays y bisexuales), autonomía de la mujer. Esta demanda debe ser escuchada

• Una ampliación y legalización de la maternidad subrogada animaría a otras personas a recurrir a ella como método para acceder a la maternidad/paternidad, por ejemplo, personas con diversidad funcional o enfermedades crónicas discapacitantes y, por qué no, personas mayores que puedan asegurar una vida adecuada a sus hijos o hijas. Es posible pensar en la maternidad subrogada como una extensión de los derechos reproductivos para muchas personas.

• En el lado de la oferta, las motivaciones para ofrecer participar en un proceso de gestación son tan heterogéneas que no se pueden uniformizar estas bajo una única etiqueta. En algunos casos la decisión vendrá motivada por la necesidad económica, en otros por tener un dinero extra, en otros por solidaridad y en otros por placer.

• La maternidad subrogada es legal en algunos estados de EEUU, la India, Ucrania, Reino Unido y Grecia. En cada uno de estos países se regula de forma muy diferente. Por ejemplo, en EEUU, las mujeres que quieran participar en este proceso deben ser casadas y tener trabajo e hijos. En Reino Unido no se puede cobrar dinero alguno, salvo el necesario para asegurar la salud de la gestante y del futuro bebé.

• El contrato (sea del tipo que sea, social, mercantil o civil), pese a sus deficiencias, debe ser puesto en valor en una sociedad donde las leyes del mercado pretenden regir la vida y la muerte de las personas. Para ello es preciso que el feminismo esté siempre atento a las regulaciones estatales o internacionales, con el fin de evitar el control sobre las mujeres, sus cuerpos o su capacidad de decisión.

• Al margen de los sistemas mercantilistas/contractualistas, se debe pensar la maternidad subrogada desde otros lugares, tales como los de la solidaridad, la colectivización o el cuidado. ¿Por qué no puede una mujer ofrecerse para gestar el hijo o la hija de otras personas sin mayor interés que el de hacerlas felices? No son pocos los casos en que una amiga, hermana o madre ha gestado el bebé de la mujer incapacitada para ello.

• Reflexionar sobre la maternidad subrogada ayudaría a liberarnos de discursos esencialistas y naturalizadores en relación a la maternidad biológica, de la heterosexualidad obligada y de la escasamente cuestionada capitalidad que se le da a la familia nuclear tradicional, tal como venimos propugnando desde hace años las feministas.

• La maternidad subrogada podría contribuir a extender el deseo de los varones de asumir enteramente la paternidad sin la presencia de una mujer, una cuestión que debemos celebrar las feministas sin sentir que ellos están invadiendo un terreno que nos pertenece y sin sentir que están utilizando nuestros cuerpos. La autonomía en la paternidad y la voluntad de priorizar el amor y el cuidado por parte de los hombres debe ser apoyada por el feminismo.

Referencias

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 Vínculos de interés

 Men Having Babies

http://www.menhavingbabies.org/about/

Plataforma: Son nuestros hijos

http://sonnuestroshijos.org

http://bibliovirtualmasculinidades.blogspot.com.es/2009_11_01_archive.html

Dicho proyecto se concretó un año después coincidiendo con la posibilidad de desarrollar nuestro primer proyecto.

Desde entonces, hemos ido desarrollando programas de investigación y cooperación financiados por entidades públicas y privadas, así como a través de actividades de sensibilización social.

Los ámbitos en los cuales trabajamos tienen que ver con:

· La participación ciudadana.
· La lucha contra la exclusión social.
· La perspectiva de género en los proyectos de desarrollo.
· La promoción de la paz.
· La defensa de los derechos humanos.
· La denuncia de las situaciones de discriminación y marginación.
· La promoción del comercio justo.

Estudios y Cooperación para el Desarrollo (ESCODE) es una asociación no lucrativa, para la cooperación internacional, la investigación-acción participativa y la ayuda al desarrollo.

Se trata de una entidad de derecho privado, legalmente constituida, así como con personalidad propia e independiente de toda organización política, empresarial, religiosa o sindical.